En ninguna otra ocasión en la historia unos medicamentos habían sido tan decisivos para el futuro próximo de miles de millones de personas en todo el mundo. Ni siquiera la comercialización de los primeros antibióticos, hace casi 80 años, o la vacunación masiva para diversas enfermedades infecciosas provocaron cambios tan drásticos en las sociedades a corto plazo. Las vacunas contra la COVID-19 no solo son el gran tema sanitario de 2021. Sus efectos, más allá de evitar enfermedades graves y muertes, ya se están empezando a notar en cada vez más países a todos los niveles: político, económico, social, en la ciencia, el deporte, la cultura…

Sin embargo, la desigualdad vuelve a imperar, una vez más, en este avance vital para la humanidad. Recientemente, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informaba que de los 700 millones de vacunas administradas en el planeta, solo el 0,2% de ellas habían llegado a países en desarrollo, a cuentagotas gracias a la iniciativa solidaria COVAX. Mientras tanto, los países desarrollados no solo habían recibido el 87% de las dosis, sino que los más ricos habían comprado tantas vacunas como para vacunar múltiples veces a cada ciudadano de su país.

La Salud Pública ante todo: la Declaración de Doha en 2001

En estos momentos, la producción global de vacunas es el principal cuello de botella que impide que las vacunas lleguen rápidamente a todos los lugares del planeta, independientemente de su nivel de desarrollo. Sudáfrica y la India propusieron en octubre de 2020 la suspensión de las patentes a la Organización Mundial de Comercio (OMC), como un primer paso para acelerar la producción, al permitir a otras farmacéuticas su fabricación sin sanciones. Fue un movimiento que cayó en saco roto: las negociaciones permanecieron estancadas, con el bloque de los países más ricos en contra durante meses. La situación cambió el pasado 5 de mayo con la decisión de Estados Unidos de mostrarse a favor de una potencial pausa de la protección a la propiedad intelectual, una postura a la que se han unido más países, entre ellos España.

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