Tras más de año y medio de negociaciones, se vislumbra una próxima ley propuesta por el PSOE que despenalizaría la eutanasia y el suicidio asistido. Tras rechazar el  Congreso la enmienda total propuesta por el PP hace casi un mes, la comisión de Justicia se encontraba debatiendo los detalles de esta ley como paso previo a un texto definitivo que saldría a votación. Tras varias enmiendas, el Congreso ha cerrado por consenso el esqueleto fundamental de la futura ley. Así, a principios de 2019, la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (más conocida como la Ley de muerte digna) será una realidad.

Esta iniciativa sobre la eutanasia cuenta con el apoyo de un gran porcentaje de la población española. De hecho, según una encuesta de Metroscopia realizada el año pasado sobre muerte digna, ante la pregunta «¿Debería tener derecho un enfermo incurable a que los médicos le proporcionaran algún producto para poner fin a su vida sin dolor?» un 84 % de los españoles respondían afirmativamente. Además, una reciente encuesta realizada por el Colegio de Médicos de Bizkaia reveló que más del 86% de los facultativos encuestados se posicionaba a favor de regular la eutanasia por ley.

A pesar de que se suelen mezclar varios conceptos al hablar de muerte digna, la eutanasia y el suicidio asistido son, en realidad, dos procesos muy diferentes. En el suicidio asistido es la propia persona afectada por una enfermedad incurable la que realiza la acción para terminar con su vida y, para ello, se proporciona ayuda a esta persona para conseguir dicho fin. En la eutanasia activa, la persona que busca el fin de su vida por sufrir una enfermedad incurable solicita a otras que realicen dicho acto.

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