La polémica vivió su punto álgido la semana pasada, cuando un grupo de ganaderos trató de asaltar un edificio de la Junta de Castilla y León. El gobierno de PP y Vox en la región llevaba días regando el conflicto sobre los controles establecidos para prevenir los contagios por tuberculosis bovina, pese a que en España trata de erradicarse con programas nacionales desde 1987. La ley estatal actual obliga, por ejemplo, al sacrificio del ganado infectado, independientemente de si tiene síntomas o no, o, según las circunstancias, al sacrificio de todo el rebaño, con sus correspondientes indemnizaciones.

Sin embargo, el 10 de mayo el PP y Vox aprobaron una normativa en Castilla y León que suponía relajar los controles establecidos para prevenir contagios por tuberculosis bovina. Trece días después, y a tres jornadas de las elecciones municipales, la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea alertó en una carta sobre esta medida autonómica que era, decía, “extremadamente peligrosa ya que podría facilitar una mayor propagación de la enfermedad”. El 5 de junio el Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma acordó suspender de forma cautelar este nuevo reglamento, una decisión que no recurrió el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco.

Más allá de la vertiente política y económica causada por las decisiones del PP y Vox, la tuberculosis bovina es una enfermedad que puede poner en peligro la salud pública. Estas son algunas claves sobre esta infección.

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