En noviembre de 2019, el Ministerio de Sanidad anunció que el Sistema Nacional de Salud iba a dejar de financiar los condroprotectores, usados para la artrosis, porque «llevan años cuestionados debido a su baja utilidad terapéutica». Estos «fármacos», entre los que se encuentra el condroitín sulfato o la glucosamina, son más conocidos en el ámbito médico como SYSADOA (fármacos sintomáticos de acción lenta para la artrosis) y cuestan a España alrededor de 36 millones al año.

Nuestro país no es, ni por asomo, el primero en tomar esta medida debido al más que discutible efecto de los condroprotectores. Países como Estados Unidos, Australia, Holanda y Reino Unido consideran a estos «medicamentos» suplementos dietéticos sin eficacia demostrada desde hace más de 10 años. Otros países, como Suecia y Dinamarca, que inicialmente financiaron los condroprotectores, terminaron retirándolos de sus sistemas de salud precisamente por su eficacia nula o dudosa para la artrosis. Además, numerosas guías médicas internacionales, libres de conflictos de intereses, desaconsejan la prescripción de condroprotectores.

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