El consumo de medicamentos supone un gran desembolso de dinero por parte de la sanidad pública en España y cada año que pasa, la factura crece. Solo entre 2021 y 2022 este gasto consistía en más de 21.000 millones de euros, incluyendo gasto farmacéutico hospitalario y recetas de farmacias. Esto implica aproximadamente el 23% del gasto sanitario público y en torno al 1,6% del PIB (en 2022) de nuestro país. Lejos de disminuir, las previsiones apuntan a que el gasto farmacéutico seguirá creciendo en los próximos años.

Uno de los factores que contribuyen al aumento de este gasto es la compra de nuevos fármacos con moléculas protegidas por patentes y normalmente de precio elevado. Cada año, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) autoriza decenas de medicamentos novedosos para su comercialización en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la aparición de nuevas moléculas terapéuticas. Entre ellas encontramos los denominados medicamentos me too (yo también): moléculas derivadas de otras que ya existen en el mercado para tratar o prevenir un determinado problema de salud, pero cuya eficacia y seguridad no son significativamente mejores y no aportan ventajas terapéuticas a los pacientes. Eso sí, son notablemente más caros (por estar protegidos por patente).

A grandes rasgos, los medicamentos me too son más de lo mismo, pero con un precio elevado en comparación con aquellos similares comercializados durante años. No obstante, cierto porcentaje de este grupo de fármacos sí que aportan ventajas para algunos pacientes en cuanto que facilitan su tratamiento por ofrecer vías de administración o de eliminación, formas farmacéuticas o posologías más adecuadas para ellos. La cuestión es: ¿está justificado pagar un precio inflado por estas características?

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“¡Faltan médicos!” Es la cantinela repetida con insistencia últimamente en los medios de comunicación por múltiples líderes políticos, de distinta ideología, que van desde la ministra de Sanidad hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, tal afirmación, en cuanto se ponen los datos sobre la mesa y se analiza qué está ocurriendo en realidad con la población facultativa en España, se desmorona como un castillo de naipes. Si dichos dirigentes sufrieran estos días un arrebato excepcional de honestidad, la frase sería otra: “¡Faltan médicos… que acepten nuestras miserables condiciones de trabajo!

Aunque el problema de la “falta de médicos” se está dando en muchas comunidades autónomas, el caso más destacado, por indignante en cuanto a sus características, es el de la Comunidad de Madrid. Hace unos días, en el programa de Ana Rosa Quintana, Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, afirmó lo siguiente: “Médico que esté en paro, médico que esta misma tarde yo contrato en la Comunidad de Madrid. El problema es que yo no puedo estar quitándole médicos al País Vasco y Cataluña”. Por otro lado, Ayuso ha declarado, en múltiples ocasiones, que faltan médicos en toda España, y también tuvo la ocurrencia de decir que habría que bajar las notas de corte de la carrera de Medicina (algún asesor, por piedad, tendría que haberle explicado cómo funcionan las notas de corte en nuestro país…).

La realidad es que en España hay más médicos que en la mayoría de los países del mundo. La tasa de médicos es de 566 por 100.000 habitantes, por encima de la media de la OCDE. Además, España es, en estos momentos, un productor masivo de médicos. Las facultades de Medicina han proliferado como setas en los últimos 15 años y hemos pasado de tener 28 a 55 lugares donde se imparte la carrera. España en 2019 era el segundo país del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes, solo por detrás de Corea del Sur. Y esto era cuando en España “solo” había 42 facultades; probablemente ahora tengamos el récord mundial.

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Los sistemas sanitarios de cada país, ya sean públicos o privados, cuentan con recursos limitados para ofrecer sus servicios a los pacientes. Además, el aumento de la demanda (por factores como el envejecimiento de la población) y la aparición de nuevos fármacos y técnicas con un precio elevado complican las decisiones sobre qué financiar. En ese sentido, los análisis de costo-efectividad (ACE) resultan imprescindibles para que políticos, gestores y aseguradoras de salud seleccionen qué productos incorporan en la atención a los pacientes.

Los ACE evalúan medicamentos, técnicas y diversas intervenciones con finalidad sanitaria desde un punto de vista tanto económico como médico y sus resultados se expresan como un índice o cociente. Por un lado, se considera el coste (el numerador) que puede tener un determinado producto o intervención. Por otro, se cuantifica qué beneficio para la salud aportaría (el denominador). Este beneficio se enfoca en un aspecto particular: años de vida ganados, aumento de la calidad de vida, nacimientos prematuros evitados… El indicador sanitario más utilizado en la actualidad son los años de vida ajustados  en función de la calidad (AVAC), que se refiere al número de años de vida adicionales que gana una persona al recibir un determinado tratamiento/servicio, ajustados a la calidad de vida de esos años.

De esta forma, un producto médico que sea muy caro y ofrezca un beneficio para la salud reducido tendrá un índice de costo-efectividad elevado y las probabilidades de que un sistema sanitario lo financie son pequeñas. Dada la gran importancia que tienen los ACE como documentos de información que orientan a la hora de decidir qué productos o intervenciones médicas se van a financiar, la calidad de los datos y el rigor y la transparencia a la hora de analizarlos resulta esencial (aunque cierta incertidumbre es inevitable para nuevos productos e intervenciones).

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