“Da mala imagen”. Esta es la explicación más frecuente que reciben los trabajadores obligados a estar de pie, quietos, durante toda o casi toda su jornada laboral, aunque dispongan de sillas para sentarse y sus tareas les permitan hacer uso de ellas. En este grupo de personas se encuentran tanto aquellas que atienden en las cajas de supermercados como las que están en los mostradores de establecimientos de venta al público. En la práctica, contar con el derecho a descansar en una silla no solo depende de las directrices de la empresa, sino también del superior al cargo, que comunica a los empleados si pueden o no sentarse en el trabajo.

Claudia Gallardo describe así su experiencia en una cadena de tiendas de carcasas para móviles donde trabajó más de un año: “No teníamos sillas, pero es que además era impensable que las pudiera haber. Teníamos que estar como ellos nos decían, en posición de ”soldadito“ a escasos metros de la entrada para poder captar a los clientes sin hacerles esperar ni un minuto. No podíamos estar detrás del mostrador. Muchas veces estábamos vigiladas por cámaras y, si no veían bien la postura, llamaban por teléfono para decírnoslo. Toda la jornada era de pie, hubiera o no trabajo, siempre teníamos que hacer algo o fingir hacerlo por si acaso”.

El caso de Gallardo no es aislado. Muchos otros trabajadores en España explican situaciones similares: o no cuentan con sillas, o solo hay una disponible para múltiples personas, o, aunque las haya, tienen la orden de no utilizarlas para no dar “mala imagen” a los clientes. Esta situación les obliga a sufrir una bipedestación prolongada: estar de pie, quietos, o con desplazamientos cortos, durante más de una hora de forma continua o durante más de cuatro horas en su jornada de diaria. Precisamente España es el país de la Unión Europea con el porcentaje más elevado de trabajadores que tienen que estar la mayor parte del tiempo en pie (43%), según un estudio de Eurostat publicado en 2019.

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El pasado 15 de noviembre, el Ministerio de Trabajo realizó una gran inspección simultánea y coordinada en busca de abusos de jornada y horas extra ilegales en las llamadas “Big Four” de la consultoría: Deloitte, PwC, EY y KPMG. Es un secreto a voces, desde hace décadas, que diversas empresas de consultoría y auditoría imponen a sus trabajadores jornadas laborales maratonianas (que pueden llegar a 12 horas o más) ilegales y no remuneradas. De hecho, a estas compañías se las conoce en el mundillo con el nombre de “cárnicas” por tratar a sus trabajadores de base (normalmente jóvenes que empiezan en el mundo laboral) como carne o ganado. El recambio de trabajadores en estas empresas es constante porque la mayoría termina cambiando de trabajo o abandonando la empresa al poco tiempo por las malas condiciones laborales.

Varios economistas liberales como Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle no han tardado en defender en los medios el modelo de las Big Four. Lacalle afirmó hace unos días que “el Ministerio de Trabajo debería aprender de las Big Four, no inspeccionarlas por nada” y Rallo, por su parte, respalda la opción de que los trabajadores puedan trabajar durante largas jornadas para que tengan una pequeña probabilidad de tener ingresos mucho más cuantiosos con el paso de los años.

Más allá de que es vox populi que las Big Four incumplen la ley con sus largas jornadas y obtienen grandes ganancias a partir de la explotación de sus trabajadores, a los que les ofrecen una remuneración irrisoria por hora trabajada, existe un aspecto clave que se suele olvidar: este modelo laboral es una amenaza para la salud física y mental de los trabajadores.

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