La crisis climática por el aumento global de las temperaturas no solo causa episodios más frecuentes de sequía, sino que también favorece la aparición de otros fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, debido a precipitaciones más intensas y al aumento del nivel del mar. Se estima que el 23 % de la población mundial está en riesgo de sufrir inundaciones extremas. Desafortunadamente, España ha sido recientemente testigo de este hecho. La depresión aislada en niveles altos (más conocida como DANA) que sufrió la península a principios de septiembre desencadenó precipitaciones históricas, que nunca antes se habían registrado en varias regiones de nuestro país.

Ante un suceso así, tras las muertes, lesiones y destrucción provocados por las inundaciones y otros desastres naturales, podríamos pensar, como sostiene el popular refrán, que «Después de la tempestad, viene la calma» y la vida vuelve poco a poco a la normalidad. Según una reciente investigación, parece que esta afirmación no se ajusta tanto a la realidad como podríamos pensar en un primer momento: la calma tarda en llegar mucho más de lo esperado tras el final de una intensa tormenta que provoca inundaciones. Un equipo internacional de científicos ha observado que los ciudadanos que sufren estas catástrofes se enfrentan a un riesgo mayor de morir entre tres y seis semanas después de dicha catástrofe, aunque esta se haya resuelto completamente. Los citados resultados se han publicado en la revista British Medical Journal.

Para la realización del estudio, los investigadores analizaron múltiples indicadores de mortalidad y demográficos a partir de bases de datos de 761 lugares en 35 países que habían sufrido como mínimo una inundación en un periodo de casi una década. En total, evaluaron 47,6 millones de muertes por todas las causas, 11 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares y casi 5 millones por dolencias respiratorias. Las zonas más castigadas del planeta por esta catástrofe natural eran las regiones cercanas al río Mississippi en los Estados Unidos y al Volta en África, la costa latinoamericana del Pacífico, el sureste de Asia, las zonas costeras de China continental y la costa este de Australia.

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Cada año se realizan en el mundo más de 120.000 trasplantes que dan otra oportunidad a decenas de miles de personas para seguir viviendo. Sin embargo, muchas otras mueren en las listas de espera porque la demanda de órganos es muy superior al número de donaciones. Este problema se está acentuando con los años, debido al envejecimiento progresivo de las poblaciones de multitud de países, que incrementa aún más la necesidad de órganos.

Con el objetivo de solucionar este grave problema sanitario, los científicos están investigando otras opciones alternativas a la donación de órganos humanos. En la última década, el campo de los xenotrasplantes (trasplante de células, tejidos u órganos entre diferentes especies) ha experimentado grandes avances gracias a la ingeniería genética y a los avances en el conocimiento y uso de las células madre. En enero de 2022 se dio un hito histórico en ese sentido: por primera vez, se trasplantó con éxito el corazón de un cerdo a una persona y esta siguió viviendo. El animal había sido modificado genéticamente para que no produjera ciertas moléculas en sus células que se consideran extrañas por el sistema inmunitario humano, lo que minimizó el rechazo.

El paciente, David Bennet, recibió el preciado órgano procedente de un cerdo en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Era su única opción, pues no cumplía los requisitos para acceder a la lista de espera de un corazón humano. Parecía que todo iba bien: la función cardíaca era normal y no había signos de rechazo inmunitario agudo. No obstante, a los 47 días del trasplante, Bennet falleció de forma fulminante debido a un fallo cardíaco (el corazón dejó de bombear la sangre necesaria para mantenerle con vida). Antes de ese fatídico día, los estudios de ecocardiografía y otras pruebas mostraban que el corazón funcionaba sin problemas.

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Uno de cada cuatro adultos con más de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Esta dolencia cardiovascular que provoca daño cerebral es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres en España. También es la primera causa de discapacidad en ambos sexos. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año en torno a 120.000 personas sufren ictus en nuestro país. De ellos, aproximadamente 40.000 fallecen y un 30% quedan con algún tipo de discapacidad que restringe en mayor o menor medida las actividades de la vida diaria. En total, se estima que más de 330.000 personas tienen actualmente alguna limitación funcional a causa de dicha enfermedad.

Las terapias de rehabilitación pueden mejorar la situación de los pacientes que han sufrido ictus, al atenuar las secuelas. Sin embargo, la eficacia de estas terapias es limitada, especialmente cuando la parálisis persiste seis meses después del accidente cerebrovascular y quedan déficits funcionales permanentes. Desde hace décadas, múltiples grupos de científicos investigan diferentes estrategias para aumentar la autonomía y las habilidades de estas personas. Uno de los enfoques en ese sentido es la electroestimulación de diferentes regiones del sistema nervioso para potenciar la funcionalidad de aquellas neuronas que aún permanecen activas.

Ahora, investigadores de la Universidad de Pittsburgh y de Carnegie Mellon muestran en la revista Nature Medicine resultados prometedores en dos pacientes con ictus gracias a un sistema de estimulación de la médula espinal cervical (del cuello). Estos dos voluntarios, que sufren parálisis parcial crónica del brazo y de la mano de un lado del cuerpo (hemiparesia), son los primeros que han participado en un ensayo clínico, que continúa en marcha. A ambos se les implantó durante 29 días dos electrodos metálicos, finos y alargados, localizados en la médula espinal del cuello para aumentar la funcionalidad de las neuronas motoras del brazo y la mano.

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“Da mala imagen”. Esta es la explicación más frecuente que reciben los trabajadores obligados a estar de pie, quietos, durante toda o casi toda su jornada laboral, aunque dispongan de sillas para sentarse y sus tareas les permitan hacer uso de ellas. En este grupo de personas se encuentran tanto aquellas que atienden en las cajas de supermercados como las que están en los mostradores de establecimientos de venta al público. En la práctica, contar con el derecho a descansar en una silla no solo depende de las directrices de la empresa, sino también del superior al cargo, que comunica a los empleados si pueden o no sentarse en el trabajo.

Claudia Gallardo describe así su experiencia en una cadena de tiendas de carcasas para móviles donde trabajó más de un año: “No teníamos sillas, pero es que además era impensable que las pudiera haber. Teníamos que estar como ellos nos decían, en posición de ”soldadito“ a escasos metros de la entrada para poder captar a los clientes sin hacerles esperar ni un minuto. No podíamos estar detrás del mostrador. Muchas veces estábamos vigiladas por cámaras y, si no veían bien la postura, llamaban por teléfono para decírnoslo. Toda la jornada era de pie, hubiera o no trabajo, siempre teníamos que hacer algo o fingir hacerlo por si acaso”.

El caso de Gallardo no es aislado. Muchos otros trabajadores en España explican situaciones similares: o no cuentan con sillas, o solo hay una disponible para múltiples personas, o, aunque las haya, tienen la orden de no utilizarlas para no dar “mala imagen” a los clientes. Esta situación les obliga a sufrir una bipedestación prolongada: estar de pie, quietos, o con desplazamientos cortos, durante más de una hora de forma continua o durante más de cuatro horas en su jornada de diaria. Precisamente España es el país de la Unión Europea con el porcentaje más elevado de trabajadores que tienen que estar la mayor parte del tiempo en pie (43%), según un estudio de Eurostat publicado en 2019.

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El pasado 15 de noviembre, el Ministerio de Trabajo realizó una gran inspección simultánea y coordinada en busca de abusos de jornada y horas extra ilegales en las llamadas “Big Four” de la consultoría: Deloitte, PwC, EY y KPMG. Es un secreto a voces, desde hace décadas, que diversas empresas de consultoría y auditoría imponen a sus trabajadores jornadas laborales maratonianas (que pueden llegar a 12 horas o más) ilegales y no remuneradas. De hecho, a estas compañías se las conoce en el mundillo con el nombre de “cárnicas” por tratar a sus trabajadores de base (normalmente jóvenes que empiezan en el mundo laboral) como carne o ganado. El recambio de trabajadores en estas empresas es constante porque la mayoría termina cambiando de trabajo o abandonando la empresa al poco tiempo por las malas condiciones laborales.

Varios economistas liberales como Juan Ramón Rallo y Daniel Lacalle no han tardado en defender en los medios el modelo de las Big Four. Lacalle afirmó hace unos días que “el Ministerio de Trabajo debería aprender de las Big Four, no inspeccionarlas por nada” y Rallo, por su parte, respalda la opción de que los trabajadores puedan trabajar durante largas jornadas para que tengan una pequeña probabilidad de tener ingresos mucho más cuantiosos con el paso de los años.

Más allá de que es vox populi que las Big Four incumplen la ley con sus largas jornadas y obtienen grandes ganancias a partir de la explotación de sus trabajadores, a los que les ofrecen una remuneración irrisoria por hora trabajada, existe un aspecto clave que se suele olvidar: este modelo laboral es una amenaza para la salud física y mental de los trabajadores.

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