Colaboración con eldiario.es.
El consumo de medicamentos supone un gran desembolso de dinero por parte de la sanidad pública en España y cada año que pasa, la factura crece. Solo entre 2021 y 2022 este gasto consistía en más de 21.000 millones de euros, incluyendo gasto farmacéutico hospitalario y recetas de farmacias. Esto implica aproximadamente el 23% del gasto sanitario público y en torno al 1,6% del PIB (en 2022) de nuestro país. Lejos de disminuir, las previsiones apuntan a que el gasto farmacéutico seguirá creciendo en los próximos años.
Uno de los factores que contribuyen al aumento de este gasto es la compra de nuevos fármacos con moléculas protegidas por patentes y normalmente de precio elevado. Cada año, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) autoriza decenas de medicamentos novedosos para su comercialización en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la aparición de nuevas moléculas terapéuticas. Entre ellas encontramos los denominados medicamentos me too (yo también): moléculas derivadas de otras que ya existen en el mercado para tratar o prevenir un determinado problema de salud, pero cuya eficacia y seguridad no son significativamente mejores y no aportan ventajas terapéuticas a los pacientes. Eso sí, son notablemente más caros (por estar protegidos por patente).
A grandes rasgos, los medicamentos me too son más de lo mismo, pero con un precio elevado en comparación con aquellos similares comercializados durante años. No obstante, cierto porcentaje de este grupo de fármacos sí que aportan ventajas para algunos pacientes en cuanto que facilitan su tratamiento por ofrecer vías de administración o de eliminación, formas farmacéuticas o posologías más adecuadas para ellos. La cuestión es: ¿está justificado pagar un precio inflado por estas características?
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