El consumo de medicamentos supone un gran desembolso de dinero por parte de la sanidad pública en España y cada año que pasa, la factura crece. Solo entre 2021 y 2022 este gasto consistía en más de 21.000 millones de euros, incluyendo gasto farmacéutico hospitalario y recetas de farmacias. Esto implica aproximadamente el 23% del gasto sanitario público y en torno al 1,6% del PIB (en 2022) de nuestro país. Lejos de disminuir, las previsiones apuntan a que el gasto farmacéutico seguirá creciendo en los próximos años.

Uno de los factores que contribuyen al aumento de este gasto es la compra de nuevos fármacos con moléculas protegidas por patentes y normalmente de precio elevado. Cada año, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) autoriza decenas de medicamentos novedosos para su comercialización en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la aparición de nuevas moléculas terapéuticas. Entre ellas encontramos los denominados medicamentos me too (yo también): moléculas derivadas de otras que ya existen en el mercado para tratar o prevenir un determinado problema de salud, pero cuya eficacia y seguridad no son significativamente mejores y no aportan ventajas terapéuticas a los pacientes. Eso sí, son notablemente más caros (por estar protegidos por patente).

A grandes rasgos, los medicamentos me too son más de lo mismo, pero con un precio elevado en comparación con aquellos similares comercializados durante años. No obstante, cierto porcentaje de este grupo de fármacos sí que aportan ventajas para algunos pacientes en cuanto que facilitan su tratamiento por ofrecer vías de administración o de eliminación, formas farmacéuticas o posologías más adecuadas para ellos. La cuestión es: ¿está justificado pagar un precio inflado por estas características?

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A finales del año 2021 se presentaba una prometedora nueva remesa de fármacos antivirales contra el coronavirus responsable de la pandemia de COVID-19: los medicamentos Lagevrio (molnupiravir), de Merck, y Paxlovid (nirmatrelvir y ritonavir), de Pfizer.

En ese momento ambas farmacéuticas publicaron notas de prensa en las que se recogían resultados clínicos tan positivos que hacían pensar que marcarían una etapa diferente de la pandemia. Una fase en la que estos tratamientos, junto con las vacunas, reducirían de forma aún más drástica el impacto de la COVID-19 sobre la población. Entre los numerosos mensajes optimistas de hace casi un año, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, dijo sobre Paxlovid que tenía el potencial de marcar una diferencia real para las personas con alto riesgo de progresión a COVID grave.

Según afirmaba Pfizer, Paxlovid era capaz de evitar el 89% de las hospitalizaciones y muertes de los pacientes COVID-19 con mayor riesgo de gravedad si este medicamento se administraba en los primeros cinco días de la infección. Por otro lado, Merck aseguraba que Lagevrio reducía en torno a un 50% el riesgo de hospitalización o muerte de los pacientes con dicha enfermedad. Además, estos fármacos contaban con dos grandes ventajas: podían tomarse por vía oral, lo que permitía su prescripción y administración fuera del hospital, y su síntesis a gran escala era sencilla, por lo que, en un principio, no habría importantes limitaciones para acceder a ellos.

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“Un fármaco frena el deterioro cognitivo del alzhéimer en un gran ensayo clínico”, “Con el nuevo fármaco para el alzhéimer las reglas del juego en esta enfermedad cambian”, “El fármaco experimental lecanemab reduce la progresión del alzhéimer temprano en un 27%”. Todos estos titulares proceden de grandes medios de comunicación y se refieren a los resultados de un ensayo clínico en el que se evaluó la eficacia de un anticuerpo (el lecanemab) contra la proteína beta amiloide; molécula que se cree que está involucrada en el desarrollo del alzhéimer. Hasta ahí nada fuera de lo normal, cada día se publican miles y miles de noticias a lo largo del mundo sobre las últimas novedades de la ciencia.

Sin embargo, ¿dónde está el artículo científico, publicado en una revista médica, al que se refieren las citadas noticias? No te molestes en buscarlo en ningún lugar, porque dicho artículo aún no existe. La fuente de la noticia es una nota de prensa difundida por las propias farmacéuticas responsables del medicamento, Biogen y Eisai. Los resultados de lecanemab ni siquiera han sido revisados todavía por ninguna agencia del medicamento, un procedimiento imprescindible para que este se pueda autorizar y llegue al mercado. De hecho, no se espera hasta comienzos de 2023 que estas empresas soliciten a las autoridades reguladoras la aprobación del fármaco en Estados Unidos, Japón y Europa.

¿Por qué publicar una nota de prensa cuando el futuro del fármaco es aún dudoso y no hay un artículo científico que médicos e investigadores puedan valorar? Por razones económicas: tras el anuncio mundial de su “éxito” en el ensayo clínico, Biogen y Eisai se han disparado en bolsa al desatar el optimismo entre los inversores. Objetivo conseguido.

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Los sistemas sanitarios de cada país, ya sean públicos o privados, cuentan con recursos limitados para ofrecer sus servicios a los pacientes. Además, el aumento de la demanda (por factores como el envejecimiento de la población) y la aparición de nuevos fármacos y técnicas con un precio elevado complican las decisiones sobre qué financiar. En ese sentido, los análisis de costo-efectividad (ACE) resultan imprescindibles para que políticos, gestores y aseguradoras de salud seleccionen qué productos incorporan en la atención a los pacientes.

Los ACE evalúan medicamentos, técnicas y diversas intervenciones con finalidad sanitaria desde un punto de vista tanto económico como médico y sus resultados se expresan como un índice o cociente. Por un lado, se considera el coste (el numerador) que puede tener un determinado producto o intervención. Por otro, se cuantifica qué beneficio para la salud aportaría (el denominador). Este beneficio se enfoca en un aspecto particular: años de vida ganados, aumento de la calidad de vida, nacimientos prematuros evitados… El indicador sanitario más utilizado en la actualidad son los años de vida ajustados  en función de la calidad (AVAC), que se refiere al número de años de vida adicionales que gana una persona al recibir un determinado tratamiento/servicio, ajustados a la calidad de vida de esos años.

De esta forma, un producto médico que sea muy caro y ofrezca un beneficio para la salud reducido tendrá un índice de costo-efectividad elevado y las probabilidades de que un sistema sanitario lo financie son pequeñas. Dada la gran importancia que tienen los ACE como documentos de información que orientan a la hora de decidir qué productos o intervenciones médicas se van a financiar, la calidad de los datos y el rigor y la transparencia a la hora de analizarlos resulta esencial (aunque cierta incertidumbre es inevitable para nuevos productos e intervenciones).

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El cristal con el que se mira a las enfermedades es muy diferente según quién sea el observador. Para un paciente, cuestiones como si la dolencia será grave o leve, crónica o pasajera, incurable o curable, resultan vitales para su proyecto de vida. Para la industria farmacéutica, las enfermedades se dividen principalmente en rentables o no rentables. A partir de esta clasificación fundamental se dirigen las inversiones y los esfuerzos de las farmacéuticas para investigar, desarrollar y comercializar fármacos.

Nadie espera que las farmacéuticas actúen como hermanitas de la caridad en el terreno sanitario. Son empresas, al fin y al cabo, y su fin principal es ganar dinero. Y lo hacen muy bien, de hecho: el ámbito farmacéutico es uno de los sectores económicos más lucrativos. Los márgenes de beneficios de las grandes empresas farmacéuticas son muy superiores a la absoluta mayoría de las diversas empresas que cotizan en bolsa.

Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos tienen todo el derecho del mundo a cosechar beneficios millonarios. El problema llega cuando el afán de lucro va en contra del bien común. Un ejemplo clásico es el desarrollo de nuevos antibióticos. La limitada rentabilidad que ofrecen este tipo de fármacos contra infecciones pasajeras, en comparación con aquellos dirigidos a tratar enfermedades crónicas, ha sido un factor clave. Principalmente para que casi todas las grandes farmacéuticas en las últimas décadas hayan abandonado la investigación en antibióticos en un momento u otro.

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