San Francisco y Hokkaido nos recuerdan que las prisas por volver a la normalidad no son buenas consejeras

Colaboración con eldiario.es.

El actual estado de alarma podría no prorrogarse más allá del 11 de mayo, si finalmente los diferentes partidos no apoyan al gobierno en esta decisión. Esto significaría que las diferentes medidas como el confinamiento, la restricción de movilidad y otras acciones dirigidas a controlar la epidemia recaerían en cada una de las comunidades autónomas. Sin embargo, aspectos tales como impedir la movilidad entre provincias o comunidades o la respuesta coordinada entre ellas quedarían fuera de sus competencias, lo que provocaría un escenario incierto.
Este hipotético fin adelantado del estado de alarma coincide con un aumento de voces críticas, tanto en España como en otros muchos países, que solicitan ya el cese del confinamiento por los daños socioeconómicos que ha provocado y por la reducción notable de nuevos casos de COVID-19 en los últimos días. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado recientemente que el estado de alarma debe acabar «lo antes posible» y al ser preguntada sobre si no temía un posible repunte de contagios por coronavirus por la desescalada ha comentado que «todos los días hay atropellos y no por eso prohíbes los coches».
En el caso de que finalmente el estado de alarma finalice el próximo lunes, cada comunidad autónoma tendría qué decidir qué acciones tomar, sopesando, además, una de las cuestiones clave en cualquier epidemia: ¿cuándo es prudente y razonable parar o relajar las medidas como los confinamientos para volver a la normalidad? Es probable que presidentes autonómicos tengan la tentación de finalizar cuanto antes las acciones encaminadas a limitar el contagio en la población. ¿Qué nos dice la historia y el presente sobre esta postura?

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