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El derecho al aborto ha vuelto a convertirse en noticia por los recientes eventos que han ocurrido tanto en Estados Unidos (EE.UU.) como en España. Mientras que en nuestro país el derecho a la interrupción del embarazo se ha ampliado para que las mujeres menores de 16 años puedan abortar sin el permiso de los padres, en Estados Unidos este derecho nacional, vigente desde 1973, podría desaparecer.

En el caso de que el Tribunal Supremo del país norteamericano decidiera derogar finalmente la sentencia a favor del derecho al aborto, esto supondría dejar en manos de los distintos Estados su prohibición o legalización. Aunque en muchos de ellos el aborto seguiría siendo legal, es seguro que en múltiples territorios conservadores se establecería su prohibición inmediata o restricciones importantes en su realización.

El derecho al aborto refleja de forma clara cómo una determinada política o ley puede afectar de forma importante a la salud y a la vida de su ciudadanía. En este sentido, el 14 de mayo, la prestigiosa revista médica The Lancet lanzó un duro editorial  en el que defiende la actual ley del aborto en EE. UU. y advierte que los jueces que voten a favor de su derogación «no tendrán éxito en terminar con el aborto, tan solo tendrán éxito en terminar con el aborto seguro».

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El pasado 11 de agosto saltó a los medios de comunicación que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Castellón permitía, en contra de la voluntad del personal sanitario del Hospital de la Plana, aplicar ozonoterapia a un paciente con neumonía grave por la COVID-19. La familia había solicitado días antes la administración de este gas ante la falta de respuesta del afectado al tratamiento convencional, ingresado desde mediados de julio. Una petición que fue denegada en su momento por los médicos de dicho centro. Sin embargo, el juzgado estableció, como medida cautelar, la autorización con carácter de urgencia de la ozonoterapia como tratamiento compasivo. Finalmente, este tratamiento sin respaldo científico se aplicó en el Hospital de la Plana por un médico externo especializado en esta terapia sin evidencia científica.

La decisión judicial se ha encontrado con la firme oposición de múltiples profesionales sanitarios y sociedades médicas. Entre ellos,  la Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias ha publicado un comunicado en el que expresan: «El uso de ozono en estos momentos no se contempla como una alternativa segura y eficaz en los pacientes críticos afectos de COVID 19. Los estudios publicados con la utilización de este «biocida» son estudios de bajo impacto científico y en ningún caso con enfermos en estado crítico».

A su vez, la junta del Hospital Universitario de la Plana manifiesta su «repulsa a que se autorice personal ajeno al Sistema Nacional de Salud actuar en hospitales públicos, administrando terapias no autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y en contra del criterio clínico del personal del servicio responsable de la atención al paciente. Consideramos que la inmisión de personas externas en centros públicos actuando en contra del criterio clínico del personal del centro supone una grave interferencia en el normal funcionamiento del sistema sanitario y una grave afectación del interés general a disponer de una sanidad pública segura y eficaz».

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El pasado viernes el Ministerio de Sanidad anunció el plan de vacunación para las personas menores de 60 años que ya habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Estas se habían quedado a la espera de que se decidiera qué hacer con la segunda dosis tras la suspensión de la vacunación a este colectivo por los anuncios de los raros casos de trombos con niveles bajos de plaquetas en sangre asociados a Vaxzevria (nombre comercial de AstraZeneca) en abril. Por defecto, se les ofrecerá como segunda dosis la vacuna de Pfizer. Sin embargo, tendrán la opción de rechazar dicha vacuna y elegir una dosis de Vaxzevria si firman un consentimiento informado (CI). La decisión se produce tras la consulta al Comité de Bioética de España, que ha emitido un informe favorable a esta posibilidad.

Múltiples personas dentro del colectivo sanitario han puesto de manifiesto la anomalía que supone firmar un CI para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, tras recibir la primera. Esta pauta de vacunación está avalada tanto por la Agencia Europea del Medicamento como por la Agencia Española del Medicamento y está respaldada por la ficha técnica de dicho producto, pues así se ha evaluado previamente en los diferentes ensayos clínicos necesarios para su autorización y comercialización. En ese sentido, es un caso verdaderamente excepcional que se tenga que firmar un CI para rechazar expresamente una vacunación heteróloga (vacuna de AstraZeneca + vacuna de Pfizer) no autorizada por las agencias de medicamentos ni evaluada previamente en ensayos clínicos de fase III para poder aceptar, a continuación, un tratamiento (vacuna de AstraZeneca + vacuna de AstraZeneca) autorizado y evaluado por las agencias de medicamentos.

El CI es una herramienta imprescindible que se utiliza diariamente en la atención sanitaria de los pacientes para respetar su autonomía. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica define el CI como: «La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud». En la mayoría de los casos, no es necesario un documento por escrito en el que el paciente dé su consentimiento, sino que basta con hacerlo de forma verbal. No obstante, sí es obligatorio el CI por escrito en actuaciones que puedan suponer riesgos o inconvenientes notorios o con previsible repercusión negativa para el paciente como las intervenciones quirúrgicas o procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.

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El caso de Rocío Monasterio, que firmó presupuestos y certificaciones de obra sin tener el título de arquitecta, es algo habitual en el mundo sanitario desde hace varias décadas. Personas que se presentan como profesionales de la salud, aunque no poseen ningún título sanitario oficial, y que aplican casi normalmente las más peregrinas pseudoterapias sin respaldo científico a sus pacientes: homeopatía, medicina ortomolecular, acupuntura, reiki, iridología… Las semejanzas entre Monasterio y estos pseudoterapeutas no se limitan solo a este detalle. De la misma forma que Monasterio se libró del castigo del Colegio de Arquitectos, que archivó la denuncia por intrusismo alegando que no estaba colegiada por aquel entonces, multitud de intrusos sanitarios ejercen a sus anchas sin que los correspondientes colegios sanitarios actúen al respecto. Desafortunadamente y en numerosas ocasiones, tiene que morir alguien para que un colegio sanitario se decida a intervenir.

En los últimos años, ha aparecido y proliferado un nuevo tipo de intrusismo sanitario entre los autodenominados coaches en el ámbito de la salud. De forma similar a los pseudoterapeutas anteriores, en este ámbito abundan personas que ofrecen servicios sanitarios en ámbitos como la nutrición, la psicología o la medicina, sin tener el correspondiente título sanitario. La falta de regulación en el coaching favorece la aparición de tales prácticas sanitarias. Para justificarse frente al intrusismo, los coaches sanitarios suelen argumentar que no ofrecen servicios sanitarios porque no son profesionales sanitarios, sino lo que hacen es «orientar» a las personas hacia una vida más saludable.

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