Colaboración con eldiario.es.
Con la aparición de la epidemia de COVID-19 en Italia, las autoridades europeas y los gobiernos de cada país se están preparando para afrontar la crisis sanitaria. En España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declarado que se van a reforzar los mecanismos de prevención contra la expansión del coronavirus. Aunque desde la UE se insiste en que las medidas a tomar deben ser coordinadas y proporcionadas, colectivos como la extrema derecha solicitan el cierre de fronteras y Austria llegó a suspender temporalmente los trenes con Italia.
Las medidas de salud públicas que se toman para controlar o minimizar el daño de las epidemias deben estar siempre basadas en un cuidadoso análisis del riesgo en cada momento y en las pruebas científicas que respaldan las acciones para limitar la difusión de la epidemia. De la misma forma que en el ejercicio de la medicina un tratamiento se aplica tras sopesar posibles beneficios y riesgos, en salud pública las acciones dirigidas a controlar epidemias también deberían guiarse por el mismo principio. Desafortunadamente, cuando aparecen epidemias por nuevos microorganismos, la incertidumbre, la desinformación y/o el alarmismo pueden aparecer no solo entre la población general, sino también entre sus dirigentes políticos. Esto conduce a que se tomen medidas que puedan ser más dañinas que beneficiosas, dando una sensación de (falsa) seguridad, pese a no ser realmente efectivas o proporcionadas. La decisión, por ejemplo, de cancelar el Mobile World Congress en Barcelona no tenía ningún respaldo científico.
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