Los dispares principios de precaución ante el riesgo y la incertidumbre sanitaria

Colaboración con eldiario.es.

La medicina dista de ser una ciencia exacta, aunque se investigue cada día para reducir la incertidumbre que la acompaña. Cada acto médico o campaña sanitaria realizados con el objetivo de conseguir un beneficio para la salud individual o colectiva van unidos irremediablemente a un potencial riesgo que no podemos, en la mayoría de los casos, predecir de antemano en cada persona. Qué limites estamos dispuestos a imponer a este riesgo es una decisión que no solo depende de múltiples factores y circunstancias objetivos, sino también de cómo percibimos dicho riesgo y de si decidimos tolerarlo porque consideramos que los beneficios al otro lado de la balanza lo compensan.
Dado que las líneas rojas que se marcan al riesgo dependen tanto de criterios objetivos –sanitarios o no– como subjetivos, no es precisamente extraño que las autoridades políticas o sanitarias de cada país o región tomen decisiones diferentes entre sí, especialmente cuando la incertidumbre sobre un aspecto sanitario es notable. Lo vemos en ámbitos tan variados como la aprobación de medicamentos (el famoso Nolotil, tan consumido en España, está prohibido en decenas de países), la aprobación de aditivos alimentarios (la sacarina estuvo prohibida en Estados Unidos hasta 2010) o la aplicación de medidas para limitar la contaminación del aire (donde la India destaca por ser uno de los países más permisivos con las partículas contaminantes ambientales).
Recientemente, hemos vuelto a ver cómo, ante una misma incertidumbre en torno a los riesgos de un tratamiento, las autoridades sanitarias han reaccionado de formas muy distintas. El pasado abril, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) anunció que se habían detectado casos muy raros de trombos con niveles bajos de plaquetas en sangre en algunas personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca. La EMA, tras considerar la baja frecuencia de este grave efecto adverso y reconocer que no tenía suficientes datos como para saber si existía algún colectivo (por edad o sexo) con mayor riesgo de sufrirlo, recomendó a los países de la UE continuar con la vacunación porque los beneficios superaban ampliamente a los riesgos. No obstante, explicaba que cada nación podía decidir qué hacer según su criterio y circunstancias.

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