Colaboración con Consumidor Global.
España tiene un problema con el exceso de grasa corporal. El porcentaje de la población española con sobrepeso u obesidad ha ido en aumento en las últimas décadas y, en estos momentos, se sitúa en torno al 25%. Todo apunta, además, a que estas cifras empeorarán tras los confinamientos y las restricciones de movilidad, hecho que repercutirá en la salud pública, pues estos incrementos se traducen en la aparición de diversas dolencias como enfermedades cardiovasculares y diabetes. Un estudio publicado en la Revista Española de Cardiología pronosticaba en 2019 que el 80% de los hombres y el 55 % de las mujeres serían obesos en el país en 2030 si se sigue con la actual tendencia.
Enfrentarse al sobrepeso y la obesidad no resulta en absoluto sencillo, puesto que los entornos actuales de vida favorecen el aumento de kilos y luchar contra la báscula requiere de una gran fuerza de voluntad, esfuerzo constante, recursos y apoyo sanitario y social. Son muchas las personas que desean adelgazar y, con frecuencia, recurren a dietas milagro o a productos quemagrasas que prometen resultados rápidos, más o menos espectaculares y sin sacrificios. La desesperación que empuja a probar las más variopintas soluciones al exceso de peso, unida a la pasividad generalizada de las autoridades con los productos supuestamente adelgazantes, crea un terreno abonado para el engaño de los consumidores.
La legislación sobre productos adelgazantes
Existen dos reglamentos que regulan este asunto. Por un lado, el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. En su artículo 4 se prohíbe expresamente cualquier propaganda (salvo medicamentos y productos sanitarios con efectos demostrados) «que sugiera propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad».
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